La Ley de la Cadena Alimentaria es una normativa desarrollada por el Ministerio de Agricultura que obliga a todos los compradores de productos frescos a pagar en 30 días.
La uva es un producto fresco, por lo que todos los compradores tendrán que pagar a los agricultores en un plazo máximo de 30 días desde su entrega.

La Ley de la Cadena Alimentaria afecta a las bodegas, al igual que a empresas del sector de la distribución, pero deja fuera a las cooperativas, aunque éstas también sean productoras de vino.

Los contratos con cada agricultor deben quedar concretados por escrito. Además, cada entrega debe ir acompañada de una factura, aunque se hagan varias sucesivas.

El régimen sancionador establecido por La Ley de la Cadena Alimentaria considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pagos a proveedores en el sector agroalimentario establecidos por la normativa de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, esto es, 30 días en productos de alimentación frescos y perecederos y, 60 días, en productos no perecederos.

Demora en el pago que castiga con sanciones de hasta 100.000 euros. Con el agravante de que, se considera infracción muy grave y, por tanto, la sanción superaría los 100.000 euros, la comisión de dos o más infracciones de los plazos de pago en el periodo de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.

La potestad sancionadora prevista en la ley de la Cadena Alimentaria corresponde, no sólo a la Administración General del Estado a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada del inicio, instrucción y propuesta de resolución de los expedientes sancionadores, sino también a las Comunidades Autónomas cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en la misma Comunidad Autónoma o, cuando el contrato afecte sólo al ámbito de una Comunidad Autónoma en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato.